El cambio climático es considerado uno de los principales factores que impulsan el cambio en la disponibilidad del agua, según explica el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas (WWAP), y nuestro país es altamente vulnerable a sus efectos adversos, pues presenta siete de las nueve características de vulnerabilidad reconocidas por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), debido a las condiciones geográficas y la gran biodiversidad sensible a la variabilidad climática. Frente a ello, el recurso hídrico como elemento estratégico para el desarrollo de la sociedad necesita nuestra atención pues es necesario la formulación de políticas públicas y fortalecer su aplicación, así como promover acciones ciudadanas para asegurar la disponibilidad de este recurso para las futuras generaciones futuras.

Como es de conocimiento público, en la actualidad se evidencia un problema de escasez de agua, situación causada por diversos factores dentro de los cuales se pueden mencionar, la mala gestión del recurso, contaminación de los mantos acuíferos, la sobre explotación de los afluentes, las malas prácticas de consumo, entre otros.

Además de los factores mencionados, en los últimos años el cambio climático ha generado grandes impactos a nivel global afectando la disponibilidad del vital elemento, este impacto se manifiesta de diferentes formas como el derretimiento de los glaciares, la salinización de los acuíferos, la elevación del nivel del mar, así como el aumento de lluvias intensas y prolongadas sequías.

Puesto que el cambio climático afecta directamente el ciclo del agua y por lo tanto la cantidad y calidad del acceso al agua como recurso, esto genera impactos en diferentes sectores productivos como: el sector agrícola, pesca, familiar, industrial, turístico, energético, entre otros.

En el ámbito nacional uno de los efectos visibles vinculados al vital elemento, se presenta en la agudización del periodo de estiaje y la reducción de la disponibilidad de agua para consumo humano, su uso para actividades agrícolas, situación que amenaza la seguridad alimentaria y el acceso de las comunidades más vulnerables a los alimentos y acentúa efectos negativos en los cultivos de arroz y otros productos de gran demanda en el mercado, permite la pérdida de la infraestructura de riego, deterioro y posterior colapso de sistemas de drenaje, puentes, carreteras, etc.

Desde nuestras acciones diarias, el trabajo de la sociedad civil organizada, el sector empresarial y el Estado podemos contribuir a una buena gobernanza del recurso hídrico, esto implica mejorar la comprensión del nexo que existe entre la variabilidad climática y los recursos hídricos, identificar soluciones adecuadas a la realidad y poner en valor experiencias ligadas a la gestión del agua, especialmente aquellas desarrolladas por comunidades campesinas e indígenas andinas y amazónicas.

Podemos fortalecer la institucionalidad ambiental y la gestión de los recursos hídricos participando de las acciones dirigidas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y otros órganos competentes en la materia para que se proceda de acuerdo a Ley, con una ciudadanía informada, consiente de la realidad ambiental que permita una correcta toma de decisiones de manera participativa y concertada, donde también la labor empresarial puede y tiene que ser compatible con una adecuada gestión el uso de los servicios ecosistémicos.

El agua es un bien común de la humanidad, por consiguiente, todos tenemos una responsabilidad compartida y es necesario cambiar nuestro modo de pensar para cambiar nuestra forma de actuar respecto a su uso. Nuestra generación y los que vendrán tenemos el gran reto de generar una nueva cultura del agua: la del ahorro y uso racional; por la humanidad, por la construcción de un mundo sostenible para todos y todas.